Lamentablemente para muchos la práctica de la usura no constituye ningún delito, pero no siempre fue así.
En España, la usura fue considerada un delito durante muchos años, hasta 1995, cuando se produjo una importante reforma legal que supuso la despenalización de la usura y, por tanto, su retirada del Código Penal.
Antes de la reforma, la usura era considerada un delito que podía ser castigado con pena de prisión. Sin embargo, esta legislación se consideró obsoleta por nuestros gobernantes ya que no diferenciaba adecuadamente entre situaciones de explotación y acuerdos justos y legales.
La reforma de 1995, promovida por el Gobierno del PSOE, supuso la retirada del delito de usura del Código Penal. La despenalización de la usura en España ha sido objeto de controversia desde ese momento. Por un lado, se argumenta que esta medida favorece la libertad contractual y evita la criminalización de situaciones que no siempre son explotadoras o abusivas. Por otro lado, se argumenta que la despenalización puede favorecer la explotación de los deudores y la proliferación de prácticas leoninas.
En cualquier caso, la retirada de la usura del Código Penal ha tenido un impacto importante en la regulación de los préstamos y la protección de los deudores. La Ley de Represión de la Usura sigue siendo una herramienta importante para garantizar que los préstamos se otorguen en condiciones justas y que los consumidores no sean explotados.
